A la espera de la Corte, la Ciudad no descarta ampliar el primer amparo para que abarque también al nuevo DNU

admin

01/05/2021

Son horas decisivas para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aguardan el fallo de la Corte Suprema de Justicia con una situación peculiar: deberán responder por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ya no está vigente, pero que puede ser la llave para las nuevas restricciones firmadas por el presidente Alberto Fernández.

El punto central es el reconocimiento de la autonomía porteña, pero por estas horas las autoridades analizan ampliar los términos del primer amparo para poner en discusión el nuevo DNU.

¿Cuál es el amparo legal de Horacio Rodríguez Larreta para no acatar el nuevo DNU? Es la pregunta bajo análisis. La decisión está tomada, el jefe de gobierno porteño abrirá las escuelas el lunes. Sigue los lineamientos del Ministerio de Salud de la Ciudad que continúa sosteniendo que no hay indicadores que demuestren lo ya argumentado: que los colegios no son un gran foco de contagio.

Por otro lado, el gabinete de Larreta se ampara en dos cosas. La justicia porteña hace quince días le ordenó a la Ciudad que garantice el dictado de clases presenciales, al hacer lugar a un amparo presentado por dos organizaciones no gubernamentales de docentes y padres, que reclamaron que los establecimientos educativos continúen abiertos.

Ese fallo no hablaba de plazos, sino de una acción concreta, explicaron fuentes judiciales a Clarín. Pero, además, según el propio jefe de Gobierno, el dictamen del Procurador General, Eduardo Casal, les da la razón. En su escrito, el jueves por la tarde, el jefe de los fiscales consideró que faltan argumentos y datos rigurosos epidemiológicos que sostengan el cierre temporal de las escuelas.

Por la falta de fundamentos en un tema que inside en 600.000 alumnos, el Procurador consideró que el DNU 241/2021 que dejó de estar en vigencia el viernes, era inconstitucional. Ese dictamen presentado ante la Corte Suprema no es vinculante, pero fijó un criterio que fue mencionado por Larreta cuando anunció que las escuelas continuarán abiertas.

En ese punto, Casal reconoció la autonomía de la Ciudad respecto a la administración y determinación sobre la educación en su jurisdicción. Reconoció, sin embargo, que el Estado tiene poder de policía en situaciones de crisis como la que se vive actualmente con la pandemia del Covid, pero que ello debe tener a la hora de tomar decisiones, buenos fundamentos para no avasallar la autonomía reconocida por la Constitución.

La discusión jurídica se centra en si esos planteos alcanzan para no acatar el nuevo DNU que volvió a suspender hasta el 21 de mayo el dictado de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Rodríguez Larreta sostuvo que el nivel inicial, especial y primario continuarán en la jurisdicción porteña con clases presenciales. Y propuso un sistema bimodal para la escuela secundaria y de adultos.

Son 2.359 unidades educativas las involucradas en la discusión que tensa cada vez más la relación entre la Casa Rosada y la Ciudad.

En principio

“Se está a la espera del fallo de la Corte Suprema y con la convicción del carácter autónomo de la Ciudad de Buenos Aires que marca la Constitución, mantenemos la presencialidad de las clases“, sostuvieron desde el entorno de Larreta.

La Procuración General ya había manifestado también extraoficialmente que es el máximo tribunal el que debe ordenar la situación para evitar una nueva judicialización del tema que involucra sólo en Capital Federal también a más de 100.000 docentes y no docentes. 

Durante las últimas semanas el debate sobre las escuelas derivó en diversas presentaciones judiciales en las que intervinieron jueces del fuero Contencioso administrativo federal, cuyo fallo firmado por Esteban Furnari había ordenado cerrar las escuelas, haciendo lugar a un pedido de Carlos Zannini, Procurador del Tesoro.

Por otro lado, eso discutía el fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña que había ordenado a Horacio Rodríguez Larreta que garantice la apertura de las unidades educativas y finalmente, el amparo ante la Corte Suprema.

NE

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