Detener la baja de la alícuota de Ganancias para las empresas es otro paso en la dirección equivocada

admin

09/02/2021

La noticia de que se suspendería la rebaja de la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas prevista en la reforma tributaria de 2017, se presenta como destinada a compensar la suba del mínimo de ingresos a partir del cual las personas físicas pagan impuesto a las ganancias. Si esta última iniciativa mereció críticas de economistas de diversas procedencias, el remedio elegido para tapar el costo fiscal es otro paso en la dirección equivocada.

La última vez que la tasa de inversión superó el 20% del PBI en Argentina fue en 2007 (20,1%). Naturalmente, la inversión se desplomó en la pandemia y llegó a mínimos históricos en 2020. Parece difícil que esta medida ayude a mejorar las expectativas de inversión, factor crucial no solo para la recuperación post-COVID, sino también para la esquiva meta de alcanzar un crecimiento sostenido.

En un mundo donde el capital es cada vez más móvil, y los países compiten por atraer inversiones, uno de los factores clave en la toma de decisiones de inversión es la tasa del impuesto a las ganancias corporativas. En 2020 la inversión extranjera directa global cayó más de 40% y se espera una nueva baja en torno al 5-10% en 2021 (datos de UNCTAD); en este contexto, la competencia por el capital, lejos de aminorarse, se exacerbará. Hay buenas razones para estar a favor de regímenes de coordinación global que pongan límites a la competencia por la inversión vía bajas de impuestos; sin embargo, en ausencia de aquellos, el manejo de los incentivos fiscales será una de las herramientas que usarán los países para mejorar su capacidad de atraer y retener inversiones.

Así las cosas, la postergación de la reducción de la alícuota que grava las ganancias de las empresas tiene al menos dos implicaciones negativas: a) es una mala señal en el citado contexto de intensa competencia por las inversiones; b) representa un nuevo cambio en las reglas de juego que debilita la ya muy baja credibilidad del marco de políticas públicas en Argentina. Y no se trata solo de resignar posiciones en la carrera por atraer nueva inversión, sino también de perder atractivo para los inversores ya instalados en el país, sean locales o extranjeros.

No es la primera vez, y tememos que no sea la última, donde el mandato electoral le gana a la discusión sobre los objetivos de desarrollo de largo plazo en el país. Esta doble movida impositiva es regresiva desde el punto de vista de la equidad y no va a ayudar a la inversión. SI la reducción prevista en la reforma de 2017 se considera exagerada o muy rápida, se podría haber hecho claro este argumento y plantear que hay otro sendero para mejorar las condiciones de inversión, hoy muy debilitadas en el país. Parece obvio repetirlo, pero sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay mejora sostenida posible en los indicadores sociales. Necesitamos una agenda pro-inversión consensuada social y políticamente y esa agenda debe ir en paralelo a la de la estabilización macro; una y otra son necesarias para volver al crecimiento en la Argentina.

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