¿Elegimos perder parte de nuestra privacidad?

admin

18/05/2021

Hay un dicho en tecnología que dice que cuando algo es gratis el usuario lo paga con sus datos personales. A días que comiencen a regir las nuevas políticas de privacidad en la mayor plataforma del mundo de mensajería instantánea Whatsapp, la Secretaría de Comercio ha dictado una resolución por la que ordena a la filial argentina de Facebook, junto a Facebook Ireland Ltd., Whatsapp Inc. y a Whatsapp Irelanda Ltd. a que se abstenga de implementar o suspenda la actualización o modificación de los términos y condiciones de privacidad en la prestación de servicios de Whatsapp en nuestro país.

Todo ello hasta la finalización de la investigación que se efectúa en relación al cumplimiento por parte de la empresa de lo dispuesto en la normativa argentina de defensa de la competencia.

Por aplicación de la ley 27.442 y en vista a la modificación de las condiciones de uso de datos, se efectúa una imputación preventiva, la que, según sus fundamentos, pretende resguardar y ordenar el cese o la abstención de conductas a fines de evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud, su continuación o agravamiento, cuando se pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia.

Entre los puntos que observa la autoridad nacional en competencia de mercados, encuentran razones de conflictividad en las nuevas políticas de privacidad de uso de los datos de Whatsapp, ya que le permitiría compartir los mismos entre sus empresas vinculadas (Facebook, Instagram), como también su posición dominante en el mercado y la abundante recopilación de datos que puede hacer de sus usuarios.

Ante la espera de una respuesta por parte de la empresa, asistimos a una acción que ya ha tenido lugar en otros países. No es la primera vez que los gobiernos intentan implementar alguna regulación sobre servicios en Internet. Y siempre surgen las mismas dudas: cómo aplicar la normativa nacional a empresas radicadas en otros países.

Cómo evaluar eventuales sanciones a los servicios prestados desde otras fronteras (solo hace falta ver las denominaciones de las empresas citadas). Cómo imputar bajo normas argentinas violaciones a nuestro derecho si en otros lugares no es delito.

Por ejemplo, no hace mucho el caso de Uber, recorrió los caminos de la justicia y las instancias administrativas correspondientes y demostró la inviabilidad de las acciones punitivas y el fracaso de su intento de prohibición.

La otra cuestión que planteo es, ¿hasta qué punto como usuarios estamos dispuestos a dejar de lado su uso por lo que hagan con nuestros datos? El beneficio de su gratuidad y la facilitación de la comunicación omnipresente, ¿no compensa perder parte de nuestra privacidad?

Se suben miles de fotos o videos, se publican comentarios en Twitter o en Instagram sin control ni censura previa. No me imagino que dejemos de lado estas acciones por lo que hagan (o sigan haciendo) estas empresas. Creo que hemos tomado conciencia que la pérdida de nuestra privacidad es más conveniente por los incontables beneficios que nos posibilitan estas herramientas de comunicación.

Raul Martinez Fazzalari es abogado especialista en delitos informáticos.

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