La Auditoría General de la Nación analizará gastos de emergencia por la pandemia por más de $ 767.000 millones

admin

11/06/2021

Junto con los cinco contratos que firmó Argentina para la adquisición de 50 millones de vacunas, la Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra analizando los fondos que el Estado aplicó a diferentes programas de ayuda en medio de la pandemia del Covid-19, como el IFE -que demandó 265.171 millones de pesos- y el ATP, la ayuda económica a empresa que en sus siete etapas significó una erogación de 370.240 millones.

Además, bajo la lupa están los gastos vinculados a la pandemia que realizaron el Ministerio de Desarrollo Social -como la Tarjeta Alimentar, que representó una inversión en todo el 2020 de 113.000 millones de pesos- y los gastos de la cartera de Salud. El monto total del gasto que está bajo la lupa de los auditores supera los 767.000 millones de pesos.

Los fondos que a través de diversos programas el Estado nacional destinó a paliar las consecuencias sociales y económicas que generó la pandemia del Covid-19 son parte de una auditoría que realiza la AGN. El objetivo es determinar el nivel de transparencia, eficiencia y responsabilidad con que el Gobierno utilizó el dinero del erario público. Esto incluye, observar si se cometieron irregularidades o no, si los fondos se aplicaron con discreción y respetando los criterios establecidos.

El organismo auditor analizará gastos multimillonarios. Sólo si se toma en cuenta las erogaciones que demandó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), estamos hablando de 635.411 millones de pesos.

Pero por otro lado, hay que contemplar los diferentes programas vinculados a la pandemia que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo, y que también están siendo auditados.

El IFE se destinó a los trabajadores informales y monotributistas, personal de casas particulares, desempleados, y también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como también a aquellas mujeres que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La condición estipulada fue que el IFE sólo podía solicitarlo un integrante por familia. Quienes percibían otro tipo de ayuda del Estado por desempleo, no podían requerirlo.

Según los números oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)fue concedido a 8.839.044 personas, el 20% de los argentinos. En sus comienzos iba a tratarse de un pago único de 0.000 pesos, pero terminó entregándose en tres oportunidades.

El organismo de la Seguridad Social que dirige Fernanda Raverta informó que todo demandó una erogación de 265.171 millones de pesos, casi un punto del PBI.

La AGN analiza si la distribución de ese dinero respetó los criterios estipulados por el Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, la Fundación Alem de dirigentes radicales, confeccionó un análisis que puso en duda cómo se entregó el IFE por parte del Gobierno. “De acuerdo a la ANSeS, el IFE representa 31,6% de la población de 18-65 años a nivel nacional. En Santiago del Estero, por ejemplo, los destinatarios representan casi 50% de la población objetivo y en Chaco, Formosa, Corrientes y Salta dichas proporciones se sitúan por encima del 40%. Esos registros resultan, cuando menos, sorprendentes”, indicaron.

Al momento de explicar este aspecto, se señaló: “En el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, accedieron al IFE 279.710 personas que constituyen casi el 50% de todas las personas de entre 18 y 65 años y el 71% de la Población Económicamente Activa (PEA) radicada en esa jurisdicción. O visto de otra manera, el IFE otorgado en Santiago del Estero supera a la cantidad de hogares con jefes/as desocupados y ocupados informales, característica que se repetiría a nivel nacional”.

Para los equipos técnicos de los bloques radicales en la Cámara Baja, también se puede inferir que a pesar de la magnitud del programa, “el Poder Ejecutivo y los funcionarios que intervienen en el proceso tienen elevados grados de discrecionalidad para definir el monto y cantidad de los pagos, los beneficiarios y las condiciones de exclusión, entre otros aspectos, lo que genera condiciones para una aplicación arbitraria e imparcial. De hecho, como se indicó, originalmente estaba previsto un pago, pero a la fecha ya se llevan definido tres”.

La palabra final sobre cómo aplicó el IFE el Estado, cómo reasignó las partidas de dinero necesarias y bajo qué controles se fue entregando dicha ayuda, la tendrá la AGN que espera en dos meses concluir el informe y remitirlo al Congreso.

Otro de los programas bajo la lupa de los auditores, es el ATP, destinado puntualmente a ayudar a las empresas para la cobertura parcial de salarios. La mayor demanda en 2020 fue de 420.000 empleadores. Contó con siete instancias de pago, que demandaron una erogación total de 370.240 millones de pesos.

Este número también es analizado y se requirió a diversos organismos del Estado que envíen a la AGN la documentación respaldatoria de los movimientos de dinero para evaluar cómo se asignaron las partidas de dinero.

También se auditan los gastos realizados por el Ministerio de Salud y los fondos que el Ministerio de Desarrollo Social destinó a diversos programas que se robustecieron en plena pandemia frente a una gran demanda de ayuda social de una importante de la ciudadanía. Sólo en lo que concierne a la cartera que conduce Daniel Arroyo, se analizan erogaciones en 2020 por más de 131.944 millones.

¿Qué programas de Desarrollo Social se analizan? Por ejemplo la Tarjeta Alimentar, que en el período 2020 demandó un desembolso de más de 113.000 millones de pesos. Según los números oficiales, en febrero 2021 se aumentó un 50% el monto depositado en las tarjetas (ascienden a $6.000 y $9.000). Eso significa que cada mes se vuelcan al mercado de alimentos 10 mil millones de pesos.

También se auditan los convenios con municipios para la compra de alimentos frescos y secos, por 3.320 millones de pesos, las transferencias a gobiernos provinciales y municipales para alimentos y elementos de higiene por más de 1.700 millones, la asistencia a comedores comunitarios y merenderos por 6.623 millones, como lo concerniente a los comedores escolares por $ 7.301 millones.

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