La “verdad alternativa” del golpe de Estado en Bolivia

admin

26/03/2021

El gobierno argentino insiste que en octubre de 2019 Evo Morales fue destituido por un golpe de estado incitado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA. La insistencia es una Gran Mentira, una verdad alternativa, al estilo de Donald Trump que todavía niega haber perdido su re-elección. Esa falsa narrativa, motivada por necedad, ignorancia o ceguera ideológica, es compartida por el chavismo, el castrismo, el orteguismo, el Grupo de Puebla y López Obrador.

La Gran Mentira ha causado graves daños a la democracia boliviana: se la ha usado para violar el Estado de Derecho y los derechos humanos y políticos de opositores al gobierno del presidente Arce, manipulado tras bambalinas por Evo Morales.

Luego de la derrota en las recientes elecciones para alcaldes y gobernadores, el gobierno emprendió un insólito operativo de venganza y persecución política con una redada policial nocturna, típico de las tiranías chavistas, castristas y orteguistas, apresando a la expresidenta, Jeanine Añez y dos de sus exministros y acusándolos de sedición, terrorismo y golpe de estado.

Como la expresidenta sufre de hipertensión, un juez ordenó su hospitalización; pero en vez de eso, el gobierno la trasladó a una prisión de alta seguridad para recibir un dudoso tratamiento. Un acto indigno que ronda la tortura y viola sus derechos humanos.

La persecución política se basa en la Gran Mentira que niega el fraude perpetrado y propaga la idea de un supuesto golpe de estado, que NO existió. El fraude comenzó cuando Evo forzó la convocatoria de un referéndum para eliminar la prohibición constitucional contra la re-relección y poder postularse a un cuarto mandato.

En 2016 el electorado rechazó la modificación, pero Evo “convenció” al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral (TSE), ambos bajo su control, que la prohibición violaba su derecho humano y que declarasen, absurdamente, inconstitucional la Constitución, generando así un descontento nacional contra su candidatura.

La oposición desconfiaba no sólo del proceso electoral, sino también de la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), invitada por Evo para observar los comicios. Almagro había convalidado su candidatura en su visita a Bolivia de mayo de 2019.

La MOE/OEA, con 90 observadores, ejecutó sus funciones con profesionalismo, independencia e imparcialidad. Su informe del 23 de octubre destacó que el proceso se desarrolló pacíficamente, pero que evidenció serias irregularidades y que se violaron principios fundamentales de transparencia, equidad, legalidad, certeza e imparcialidad.

Lo más grave fue la interrupción inexplicada, por 24 horas, del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) con 84 % de Actas reportadas, que daba a Evo 46% de los votos y a su opositor Carlos Mesa el 38%, consistente con el “conteo rápido” de la MOE/OEA, e indicando que habría segunda vuelta.

Pero al reanudarse el TREP, la diferencia sobrepasaba los 10 puntos, dando ganador a Morales en primera vuelta. Ante la incertidumbre, la Misión recomendó que la “mejor opción sería ir a segundad vuelta.” La Misión de la Unión Europea coincidió con tales conclusiones.

El propio Evo Morales aceptó el informe, convocó nuevas elecciones y nombró nuevos miembros del TSE; y su Canciller Diego Pary solicitó a Almagro realizar una auditoria del proceso, la que se acordó sería vinculante –por lo que es imposible la “injerencia colonialista” que alega Evo. La oposición originalmente rechazó la auditoria, presumiendo que ésta no delataría el fraude de Evo; no captaba que Almagro no podía ni intentaría cambiar sus conclusiones.

En su informe al Consejo Permanente (12 de noviembre), los auditores ratificaron la existencia de graves irregularidades, incluyendo una “clara manipulación del TREP que afectó la transmisión y el computo final”, así como la existencia de un “TREP paralelo”; señalaron además que según una muestra representativa de Actas, “resultaba posible que Morales haya quedado en primer lugar, pero improbable estadísticamente que haya obtenido el 10% de diferencia…”

Concluyeron así que no se podía asegurar la integridad del proceso ni los resultados, recomendando la realización de nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. Las conclusiones provocaron masivas protestas callejeras en varias ciudades, clamando fraude y pidiendo la renuncia del mandatario.

Hasta la Central Obrera Boliviana (COB) se plegó a la demanda. Ni la Policía ni las FFAA reprimieron las protestas; y dada la creciente conflictividad, las FFAA sugirieron la renuncia de Evo, quien no tardó en hacerlo, pidiendo asilo en México y luego en Argentina.

La renuncia de Evo y de su vicepresidente, así como la de la presidenta del Senado y del presidente de Diputados, dejó un vacío de poder que inexorablemente debió cubrir la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez –proceso ratificado por el Tribunal Constitucional y por el propio Congreso Plurinacional controlado por “evoistas”.

A pesar de los informes de la MOE y de la legitimidad del proceso de sucesión constitucional, el gobierno argentino sigue insistiendo que Almagro fue responsable de un golpe de estado que destituyo a Evo, llegando al extremo su Canciller de insultarlo como “inmoral absoluto”.

Esa Gran Mentira la usa hoy el gobierno boliviano para encarcelar a sus opositores, violando sus derechos humanos y políticos. Ello merece la activación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA y la condena y la consideración de sanciones por parte de la comunidad internacional democrática, incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Mercosur.

Jaime Aparicio es ex embajador de Bolivia y Rubén M. Perina es ex funcionario de OEA

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