Los gremios docentes presionan para cerrar escuelas, pero Axel Kicillof mantiene por ahora la presencialidad

admin

12/04/2021

Cualquier decisión sobre el funcionamiento de las escuelas de la Provincia resulta de alta sensibilidad social. Impacta sobre 5,2 millones de alumnos y sus familias. Por eso, aunque los gremios docentes insisten con la necesidad de suspender “temporariamente” la presencialidad en algunos distritos, Axel Kicillof tomó la determinación de no modificar el esquema actual de dictado de clases con protocolos y por grupos que comenzaron a funcionar en la Provincia el 1° de marzo pasado.

El pico de contagios que puso al borde de la saturación al sistema sanitario bonaerense –este lunes se confirmaron 9.535 positivos, y la semana pasada se acumularon más de 50.000- empujaron a las entidades de maestros y profesores a pedir una vuelta atrás en el plan de asistencia a las aulas de alumnos y docentes.

La presión creció en paralelo con los contagios. Primero fueron declaraciones de dirigentes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y del minoritario Udocba. Luego viró hacia un pedido formalizado a través del Frente de Unidad Gremial (FUDB), que también integra el oficialista Suteba: reclamaron una reunión “urgente” con el gobierno para analizar el impacto de la segunda ola sobre el sistema educativo.

Chicos de una escuela de Lomas de Zamora, en el arranque del ciclo lectivo de este año.
Chicos de una escuela de Lomas de Zamora, en el arranque del ciclo lectivo de este año.

Argumentaban en esa carta enviada la semana pasada que el aumento acelerado de los contagios “requiere medidas de carácter restrictivo que impidan la propagación en las escuelas”. Y consideraron “de suma importancia discutir las diversas situaciones que se presentan en cada establecimiento, examinar el cumplimiento de los protocolos, la dificultad en la cobertura de los cargos y la provisión de los insumos necesarios para garantizar el cuidado de estudiantes, docentes y auxiliares”. Querían revisar el dispositivo escolar y retomar la virtualidad como ocurrió en 2020.

Horas después de ese pedido, Kicillof firmó el decreto 178 que establece el marco legal en Buenos Aires para la nueva etapa de restricciones que anunció Alberto Fernández la semana pasada.

En el artículo 3 se habilita a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección de Escuelas “a suspender en forma temporaria las clases presenciales, así como a reiniciarlas, en función de la evaluación del riesgo epidemiológico”.

Y más adelante aclara que en los casos donde sea necesario reducir la circulación “se deberán implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales”.

Hubo confusión y el sábado comenzaron a difundirse supuestas decisiones de cierre de escuelas.

La Gobernación aclaró en un comunicado que se trataba de información “falsa y errónea”. Después, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, admitió que podría “reducirse la presencialidad” en lugares donde el crecimiento de los contagios resulte imposible de controlar.

Pero volver atrás resulta una medida de alto impacto social y que arrastra una intensa controversia política. Después de un 2020 con aulas vacías en Buenos Aires, las posturas están en los extremos.

Juntos por el Cambio empezó a plantear hace ocho meses la necesidad de reaperturas. Lo hizo en todo foro institucional o virtual que se habilitó. El oficialismo (Nación y Provincia) retrasó la reapertura hasta el inicio del ciclo lectivo 2021.

Este lunes, un grupo de padres autoconvocados puso en alerta y pidió al gobernador que se garantice la presencialidad.

Las tensiones se extienden a los gremios. Una facción de Suteba opositora a la actual conducción comenzó un paro de 96 horas en Ensenada “para garantizar la salud y la educación”.

El líder de ese gremio, Roberto Baradel, soporta una presión interna casi tan intensa como la que registra el sistema sanitario: alineado al gobierno Nacional –desde la Ctera, donde es número dos- y cercano a Kicillof, prefirió marginarse del actual debate. Las “bases” piden cerrar.

Sus aliados del oficialismo prefieren mantener el actual mecanismo. El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, reiteró también que las restricciones para frenar la nueva ola no podían incluir al sistema educativo.

Los gremios no tienen por ahora datos que sostengan la necesidad de clausurar los centros educativos. “Esa información la tiene el Ministerio de Salud. Para nosotros es imposible acceder”, dicen en la FEB que dirige Mirta Petrocini.

La cartera educativa provincial sostiene que armó un registro para monitorear desde una plataforma. Pero es un dominio que administra Nación. En esa dependencia no supieron decir a Clarín cuantos maestros y estudiantes se infectaron del virus desde que se reanudaron las actividades.

Reunión virtual

Desde la tarde de este lunes los dirigentes gremiales mantienen vía Zoom una reunión con el ministro de Salud, Daniel Gollán y la directora General de Escuelas, Agustina Vila.

El área sanitaria fue convocada para presentar informes técnicos del mapa epidemiológico: nivel de circulación, ocupación de camas, índices de contagios. “Nosotros no proponemos medidas”, aclararon cerca del ministro Daniel Gollán.

Vila fue la encargada de plantear la postura oficial: por ahora se mantiene el diagrama de burbujas, asistencia parcial, con protocolos y con presencia de docentes y auxiliares. Como dice el decreto, hasta que haya una modificación en el riesgo epidemiológico.

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