Para ellas, las puertas de la Justicia están cerradas

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21/06/2021

Denunciar la violencia cotidiana. Presentarse ante peritos que analizarán la solidez de un relato o la idoneidad de un testigo. Conseguir representación legal. Derechos básicos que, cuando quienes los requieren en la Argentina son mujeres, se transforman en desafíos irrealizables, según la investigación Acceso a la justicia de las mujeres: Violencias y Salud Mental, desarrollada por la doctora en Ciencias Jurídicas Manuela González entre los años 2016 y 2019. El relevamiento fue editado por la Universidad Nacional de La Plata con el sugerente título Todo lo que está bien no es lo que parece: “Hay que seguir tejiendo articulaciones para romper los cautiverios, que toman hoy otras formas, se mimetizan, se ocultan, se camuflan, pero siguen configurando dispositivos de poder que producen efectos letales sobre las mujeres”, explica González en diálogo con Ñ.

Miles de mujeres se concentraron frente a Tribunales en la marcha Ni Una Menos. Foto: Rafael Mario Quinteros
Miles de mujeres se concentraron frente a Tribunales en la marcha Ni Una Menos. Foto: Rafael Mario Quinteros

Si bien la Argentina es un país es pionero en medidas legislativas con perspectiva de género, sin embargo el Observatorio de Políticas de Género contabiliza un femicidio cada 23 horas y en muchos de esos crímenes el sistema falló: “Los nuevos y los viejos cautiverios se nutren de lenguajes, mitos y estereotipos sexistas; y se apoyan en la falta de articulación entre las distintas instancias y actores/as del Poder Judicial que obturan total o parcialmente el acceso a la justicia”, puntualiza la experta en Derecho.

–¿Por qué violencia y salud mental se trabajan en conjunto?

–En varios capítulos se trabaja la protección jurídica de las personas atravesadas por una doble estigmatización: género y enfermedad mental. Parten del reconocimiento de la situación de desigualdad de la mujer respecto del varón como un hecho de dimensiones estructurales que atraviesa el campo jurídico y la salud. Se indagan las dificultades formales y las características particulares de las mujeres con padecimientos mentales, inmersas en los entramados de violencia de género para ejercer sus derechos. En ese sentido, se visibilizan tres cuestiones que se presentan en orden al diagnóstico en el campo de la salud mental: la categoría locura como construcción social, cultural e histórica y sus implicancias en la clasificación de los trastornos; la relación diagnóstico – estigma – estereotipos y la ligazón histórica entre diagnóstico – incapacitación – manicomialización.

–¿Qué pasa después de que una mujer denuncia un caso de violencia?

–La ruta es crítica y vemos a mujeres que tienen que denunciar en diferentes lugares para terminar de todos modos como víctimas de un femicidio, cuando hubo 18 denuncias previas y nunca recibió asistencia, como hemos visto. Otro caso es el de la mujer que denuncia y se tiene que ir de su casa. No contamos con un Estado preparado para alojarla. Los recursos son escasos y no están aprovechados. Y existe una problemática cultural, con instituciones atravesadas por el patriarcado en las que no se cree en la gravedad de aquello que la mujer cuenta.

–¿Qué pasa cuando es una mujer la que es denunciada?

–Sostengo que siempre lo relevante es la educación. Se ha sancionado la Ley Micaela, por la cual todas las personas con un trabajo estatal tenemos que formarnos en perspectiva de género, y esto no pasa por hablar con lenguaje inclusivo, sino por una verdadera formación para sensibilizarnos con una cultura construida por la ideología patriarcal y la dominación masculina. Mujeres y hombres deben reflexionar críticamente sobre qué incorporaron y cómo correrse de determinados lugares. No depende de si se es varón o mujer, sino en qué contexto y cómo se formaron. Hay más visibilización de la temática, pero no alcanza con sensibilizarse con el relato si después no sabemos qué hacer por no tener formación en género. ¿Cómo transformo el relato de la mujer en un documento que sea una prueba jurídica en un contexto de demanda hacia un hombre violento?

–¿Cuál es la capacidad de los organismos estatales para generar políticas vinculadas al género?

–Esta no es la primera investigación empírica que realizamos sobre violencia. Notamos que hay una dispersión de instituciones que se dedican a recibir denuncias, sostenerlas y acompañarlas con distintos grados de involucramiento, pero que no están articuladas entre sí. Por eso trabajamos en la articulación, en no victimizar a la víctima y en que no tenga que contar reiteradamente los horrores que vivió. Los gobiernos generaron áreas interesantes, pero ante los cambios de signo político, las dejan de lado. Hay pocos recursos, poca programación, las personas cobran salarios bajos, no están capacitadas para llevar el trabajo adelante, y hay mucho prejuicio. Además, la falta de formación está conectada con la educación jurídica y con la formación de profesionales de la Psicología, la Sociología o del Trabajo social. Hay que hacer una reforma de qué se enseña y cómo se debe intervenir. Asimismo, el Estado genera esos espacios pero no los dota de recursos, entonces es probable que sean poco eficientes.

Una intervención artística en la concentración frente a Tribunales en febrero de 2021. Foto: Rafael Mario Quinteros
Una intervención artística en la concentración frente a Tribunales en febrero de 2021. Foto: Rafael Mario Quinteros

–¿Cuál es la demanda en la que más urge trabajar para dar respuestas a las mujeres?

–Trabajar en políticas públicas que superen un gobierno determinado y que perduren en el tiempo. También en la formación de profesionales que trabajan en el Estado con perspectiva de género, además de construir estadísticas que cuantifiquen y cualifiquen la mayor cantidad de preeminencias de determinados problemas y en qué sectores se verifican. El desafío inmediato es trabajar desde todos los sectores sociales, incluidos los movimientos sociales de mujeres, para construir un entramado que permita que una vez realizada la denuncia exista un sistema de contención donde las instancias que intervienen funcionen de forma articulada. No podemos enviar a una mujer a que haga una denuncia en 12 lugares distintos, repitiendo sus horrores una y otra vez.

–¿Cómo se posiciona Argentina en la temática en comparación con Latinoamérica?

–Avanzamos y hemos sido pioneros, sobre todo en la organización de las mujeres en la sociedad civil y en el movimiento Ni Una Menos que surgió en nuestro país y se difundió rápidamente. Desde el punto de vista de la normativa estamos muy bien posicionados, pero desde las instituciones del Estado que se ocupan de la problemática queda un largo camino por recorrer. Es un flagelo que afecta específicamente a países de América Latina por la pobreza, la falta de recursos económicos y los hacinamientos, unidos a esta situación de encierro que a muchas mujeres les implicó estar junto a las personas que más daño le hacen. Hay una larga lucha dentro de la violencia por temas de abusos intrafamiliares y una resistencia de la sociedad que descree en la palabra de la víctima. Las acciones públicas ayudan a modificar mitos y prejuicios en esa sociedad discriminatoria que piensa en la familia como el receptáculo de la afectividad, cuando a veces en su seno se producen los mayores horrores.

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