Vacuna de Pfizer: la región compra millones de dosis para el Covid y Argentina alimenta el mayor misterio de la pandemia

admin

25/03/2021

El mayor misterio de la pandemia en Argentina es por qué no se puede avanzar en un acuerdo para comprarle vacunas contra el coronavirus a Pfizer. ¿Hay un problema sólo legal o se mezclan aspectos comerciales y logísticos? Ginés González García se llevó el secreto a su departamento de Puerto Madero. Carla Vizzotti lo custodia en el Ministerio de Salud. Algunas expresiones ligeras aprovechan el silencio y confieren al asunto categoría de mito.

“Pfizer es nuestra única salvación”, le comentó a Clarín esta semana un protagonista de la política farmacéutica nacional. Lo decía por la escasez de dosis que sufre el país, a pesar de los compromisos asumidos por el Instituto Gamaleya, Sinopharm y AstraZeneca. Fuera de todo exitismo, es probable que la vacuna de Pfizer no garantice el paraíso, pero su carencia es una oportunidad perdida.

La historia se remonta al 10 de agosto de 2020, cuando 6.000 voluntarios argentinos comenzaron a participar del ensayo de fase 3 en el Hospital Militar Central, trabajo que condujo el infectólogo Fernando Polack. Fue la prueba más grande de Pfizer en el mundo, que le permitió acelerar su investigación y ganarle a Moderna la carrera por la vacuna contra el Covid.

La mesa estaba servida para que el gobierno argentino se sentara a conversar con el laboratorio estadounidense en busca de un entendimiento. Pero no sucedió. Un velo deliberado, además, impidió enfocar los hechos con claridad. González García sólo dijo públicamente, cuando era ministro, que el contrato que pretendía Pfizer era abusivo. No dio detalles, por la exigencia de confidencialidad que enmarcó la negociación.

Argentina sancionó en octubre una ley por la que aceptó hacerse responsable material ante eventuales consecuencias no deseadas de la vacuna, salvo que Pfizer incurriera en negligencia. Esta excepción provocó una objeción del laboratorio. Fuentes cercanas al Gobierno reiteraron a Clarín lo que ya es vox populi: que Pfizer habría pedido que de ser necesaria una indemnización por efectos adversos graves el país respondiera con activos soberanos.

El laboratorio habría exigido quitar del articulado un apartado que impide embargar bienes patrimoniales argentinos. Incluso se barajó la chance de sustituir esos activos por un seguro de caución contratado en Nueva York. Parte de esa información aparece en mails poco amistosos entre González García y Nicolás Vaquer, titular de la filial local de Pfizer. Están fechados entre el 11 y 15 de diciembre, y trascendieron recién en febrero, un mes clave.

La vacuna, bautizada Comirnaty y rara vez mencionada por su nombre, fue autorizada por la ANMAT el 22 de diciembre. Se convirtió en la primera contra el Covid con visto bueno en el país. Pero la compra se empantanó. Como telón de fondo, Chile no tenía problemas para cerrar su contrato, ese mismo mes, por 10 millones de dosis. Colombia se aseguraba una cantidad similar, Uruguay firmaba por 2 millones y Ecuador, por 6 millones.

Brasil y Perú, en cambio, quedaron en primera instancia del “lado oscuro” con Argentina, aunque compartieron vereda sólo hasta febrero, cuando avanzaron con acuerdos por 100 millones y 20 millones de dosis respectivamente. Los otros países del continente que aún no cuentan con la vacuna de Pfizer son Bolivia, Paraguay, Venezuela y Las Guayanas.

v 1.5

79 países compraron
vacunas a Pfizer

Datos al 24 de marzo de 2021




Fuente: OWID
Infografía: Clarín

El caso peruano

¿Por qué la mayoría de nuestros pares sudamericanos cumplieron sus objetivos mientras acá persisten los fantasmas del pasado? Frente al blindaje informativo oficial, Clarín buscó reconstruir la experiencia de Perú. Un funcionario que participó directamente de las negociaciones dio algunas precisiones, bajo condición de anonimato:

  • “El 17 de septiembre se firmó un precontrato con Pfizer, un pliego de condiciones vinculantes, por 9,9 millones de dosis que se recibirían a los 30 días, pero pasaron los meses y no ocurrió”.
    • “El 23 de noviembre llegó un borrador del contrato. Comenzamos a revisarlo y había cláusulas exageradas en cuanto a las indemnizaciones por efectos adversos. Se hablaba de una cesión de activos soberanos”.

    • “Hicimos una primera revisión y hubo observaciones, pero nos exigieron una respuesta afirmativa o negativa en un plazo de entre tres y cinco días. Nosotros queríamos volver al precontrato de septiembre”.

    • “La fecha límite de respuesta primero se corrió al 30 de noviembre y luego al 9 de diciembre. Nuestros abogados revisaron el documento y no se pudo hacer cambios. No se podía firmar bajo esas condiciones”.

    • “En diciembre decidimos contratar al estudio jurídico Latham & Watkins, con sede en Estados Unidos, para que se ocupara de la negociación. Finalmente, el 8 de febrero se pudo firmar el contrato”.

Adultos mayores en Lima, a punto de ser vacunados con una dosis de Pfizer. Foto: Reuters

Adultos mayores en Lima, a punto de ser vacunados con una dosis de Pfizer. Foto: Reuters

Latham & Watkins es un buffet de abogados internacional que asesora y representa a gobiernos y empresas. En su sitio web dice que “ofrece a sus clientes de todo el mundo servicios y soluciones jurídicas innovadoras para sus problemas, operaciones y conflictos más complejos”. En la controversia Perú versus Pfizer, el estudio le habría hecho honor a su marketing.

¿Pfizer resignó su exigencia de que Perú respondiera con activos soberanos en caso de existir un pleito? La fuente consultada asegura que “se negoció a nivel abogados, con el seguimiento de funcionarios del gobierno. Hubo una flexibilización de las condiciones. Fue algo más razonable”.

Otro alto funcionario del gobierno peruano le dijo a Clarín: “Había un tema de garantías que pedía el laboratorio y chocaba con nuestra legislación. No fue fácil, pero se pudo avanzar”. Y coincidió en que el estudio jurídico de Estados Unidos fue un factor importante para sortear los obstáculos. Fuentes de Pfizer consultadas por Clarín se negaron a brindar cualquier tipo de información.

El nuevo presidente peruano, Francisco Sagasti, decidió reflotar el acuerdo con Pfizer. Foto: AFP
El nuevo presidente peruano, Francisco Sagasti, decidió reflotar el acuerdo con Pfizer. Foto: AFP

Cecilia Valenzuela, periodista de la prensa gráfica y televisiva en Perú, sumó otro elemento: la voluntad política. “El ex presidente Martín Vizcarra se había volcado por la opción de Sinopharm, dejando de lado la posibilidad de un contrato prematuro con Pfizer, en el que se había ofrecido a mediar un grupo de prestigiosos empresarios locales”.

Vizcarra fue destituido por el Congreso peruano en noviembre, acusado por sobornos en la obra pública. Lo sucedió Francisco Sagasti. “El nuevo presidente recuperó las negociaciones con Pfizer. Armó equipos interministeriales con expertos en comercio exterior y amplió la búsqueda de vacunas en todos los laboratorios”, agregó la periodista.

Transcurrido más de un año de pandemia, Argentina y Perú muestran similitudes y diferencias: confirmaron sus primeros casos de Covid casi al mismo tiempo, tuvieron cuarentenas extremadamente largas y no se privaron de mostrarle al mundo sus vacunados vip (allí también debió dejar su cargo la ministra de Salud). En la cuestión Pfizer la estrategia peruana obtuvo mejores resultados.

Qué se puede esperar

El abogado Alberto Domínguez, uno de los voluntarios del ensayo clínico de Pfizer en Argentina.
El abogado Alberto Domínguez, uno de los voluntarios del ensayo clínico de Pfizer en Argentina.

¿Es tarde para reflotar en Argentina el vínculo con el laboratorio que en el mundo cerró acuerdos con casi 80 países? Las últimas declaraciones de la ministra Vizzotti no transmiten optimismo. Fuentes legislativas del Frente de Todos, que participaron del armado de la ley de inmunidad, creen no obstante que el momento actual no es el mismo que el de octubre. Y que no estaría descartada la posibilidad de rever la norma sancionada.

Desde la oposición reclamaron que el tema sea tratado otra vez en el Congreso. Sin embargo, más allá de lo legal, desde el oficialismo consideran que ya se ha hecho una fuerte inversión en vacunas con otros proveedores. Y a la hora de evaluar, sopesan lo bueno y malo del producto de Pfizer: tiene una efectividad del 95 por ciento, pero exige una conservación a 70 grados bajo cero y mayores cuidados en la administración y distribución.

Esas consideraciones llevan a la presunción de que un eventual contrato con Pfizer hoy, de tener lugar, no sería por un volumen millonario, sino más bien marginal. Tal vez sea esa lógica comercial del Gobierno (con cierta miopía de cara a un escenario pandémico post 2021) la causa por la que las partes en conflicto tampoco muestran gran interés en calibrar un punto de encuentro.

PS

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